GettyLa red social profesional LinkedIn, propiedad de Microsoft, ha sido sancionada con una multa de 310 millones de euros (aproximadamente 335 millones de dólares) por infringir las normas europeas de protección de datos. La sanción fue impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), que actúa en nombre de la Unión Europea. Se declaró que LinkedIn no obtuvo el “consentimiento libre, informado, específico e inequívoco” para utilizar los datos de sus usuarios.
LinkedIn deberá modificar su tratamiento de datos
Además de la multa, LinkedIn deberá adecuar su tratamiento de datos personales para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. LinkedIn respondió al anuncio en un comunicado dirigido a AFP. Señalando que considera que ya cumple con el RGPD. Indicó que está tomando medidas para ajustar sus prácticas publicitarias según lo solicitado por el regulador irlandés.
Esta multa sigue a una serie de denuncias presentadas en 2018 por una asociación francesa de protección de usuarios de internet. Acusó no solo a LinkedIn, sino también a gigantes como Google, Apple, Facebook y Amazon de explotar los datos de los usuarios sin su consentimiento. Estas denuncias, que comenzaron ante la CNIL (agencia francesa de protección de datos), fueron transferidas posteriormente al DPC. Dado que Irlanda alberga la sede europea de muchas de estas compañías tecnológicas.
El contexto de la privacidad digital en Europa
La sanción destaca la creciente presión de la UE sobre las empresas tecnológicas para cumplir con las leyes de privacidad, competencia y desinformación. En septiembre, Meta también fue multada con 91 millones de euros por fallos en la seguridad de las contraseñas de los usuarios. Además de por no haber informado al regulador de manera oportuna. Estas sanciones reflejan el esfuerzo de la UE para establecer un marco riguroso en torno a la privacidad digital y la transparencia en el uso de datos personales.
Con Irlanda como sede europea de empresas como Microsoft, Apple, Google y Meta, el DPC ha asumido un rol clave en la vigilancia y sanción de las prácticas de estas compañías. Buscando que los gigantes tecnológicos operen dentro del marco normativo del continente.
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