Begoña GómezEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afronta un final de verano especialmente turbulento. A los incendios que devastan Galicia y Castilla y León se suma ahora la reapertura de un frente judicial que amenaza con debilitar aún más su posición política: las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta apropiación indebida de fondos públicos y corrupción.
El juez instructor Juan Carlos Peinado ha reactivado una investigación que sitúa en el centro a Gómez, a raíz de denuncias presentadas por asociaciones vinculadas a la extrema derecha. La sospecha: un supuesto tráfico de influencias y desvío de recursos en contratos relacionados con instituciones públicas y privadas.
La noticia ha generado un fuerte impacto en la opinión pública española y en el propio Partido Socialista (PSOE), donde crecen las voces de inquietud ante el desgaste político de Sánchez. En paralelo, el caso ha alimentado un duro choque entre el Ejecutivo y la Alta Corte, mientras el Consejo General de la Magistratura ha abierto un expediente contra el juez Peinado para revisar su proceder.
No es la primera vez que Pedro Sánchez enfrenta cuestionamientos sobre su entorno personal y político, pero estas nuevas acusaciones llegan en un momento delicado:
A solo un mes de que se reanude la actividad parlamentaria.
Con un clima social tensionado por la inflación y la desaceleración económica.
Y bajo la presión de una oposición que no duda en presentar el caso como prueba de “corrupción sistémica” en el Gobierno.
En este contexto, la figura de Sánchez aparece cada vez más erosionada, atrapada entre los ataques externos y las tensiones internas, mientras el futuro de su liderazgo queda condicionado por la evolución de este proceso judicial y la respuesta de los mercados y la ciudadanía.
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