MoncloaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, durante su intervención en la Reunión del Cercle d’Economia, que el Ejecutivo abrirá mañana una consulta pública previa con el objetivo de recabar la opinión de ciudadanos, empresas y asociaciones sobre la opa hostil del BBVA al Sabadell. Esta consulta tiene como fin analizar los posibles efectos que esta operación podría tener en la competencia y en el bienestar de los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que este proceso se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, indicando que el Gobierno está a favor de que las empresas crezcan y ganen volumen, pero subrayando que siempre que esto no perjudique a los ciudadanos ni a la economía del país. “Es fundamental que los procesos de concentración no afecten a los intereses de las personas”, manifestó Sánchez.
Pedro Sánchez destaca a la CNMC
En su discurso, Sánchez ha destacado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha identificado algunos posibles excesos de concentración en sectores clave como medios de pago, depósitos y créditos, lo que podría suponer una amenaza para la competencia en estos mercados. De este modo, la CNMC ha condicionado la aprobación de la operación a una serie de compromisos adicionales, para mitigar los riesgos de concentración.
“El Gobierno tiene 15 días para decidir si la operación satisface los requisitos de bien público”, afirmó Sánchez, detallando el proceso legal que se debe seguir antes de tomar una decisión definitiva. Además, reiteró la importancia de que cualquier operación de esta magnitud garantice que no se verá comprometida la competencia ni los intereses de los usuarios de los servicios bancarios.
En cuanto a la oposición política y social, patronales, sindicatos y partidos políticos de todo el arco parlamentario catalán se han posicionado en contra de la operación. Estas voces críticas han advertido que la posible fusión de BBVA y Sabadell podría tener un impacto negativo en la competencia en el sector bancario, lo que afectaría principalmente a los consumidores y pequeñas empresas.
En este contexto, la consulta pública se presenta como una herramienta clave para evaluar el impacto de esta opa y las posibles soluciones para equilibrar el crecimiento empresarial con la protección del interés general.
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