GettyImagesLa reciente aprobación del Real Decreto-ley que amplía el permiso parental ha generado preocupación entre las principales organizaciones empresariales de España.
En un comunicado conjunto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) lamentaron que el Gobierno haya adoptado esta medida “sin contar con los interlocutores sociales y sin respetar los cauces del diálogo social”.
Ambas organizaciones consideran que la decisión es un nuevo ejemplo de una dinámica que “ignora el modelo de concertación social” que, recuerdan, ha sido clave para la estabilidad económica y social del país desde la transición democrática.
El malestar se acentúa porque la medida se adopta en un momento que califican de especialmente delicado para el tejido productivo.
Entre los factores que agravan la situación, los empresarios mencionan una tasa de absentismo “sin precedentes”, con 1,6 millones de personas ausentes de su puesto de trabajo cada día; la caída del 0,7% en la productividad por ocupado en el segundo trimestre; y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que, según indican, no considera la diversidad sectorial ni la realidad de convenios y plantillas.
El alcance del permiso parental
Los empresarios también critican una alta presión fiscal que reduce la competitividad internacional de las empresas, junto con “la imposición de obligaciones continuas” como los cambios en el registro horario y el incremento de la burocracia, que afectan de forma especial a pymes y autónomos.
Desde su perspectiva, para favorecer la inversión y consolidar el empleo es necesario frenar la proliferación de cambios normativos que generan “incertidumbre, rigidez y mayores costes” y que limitan la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores a un entorno cambiante.
Por ello, CEOE y CEPYME llaman a la “responsabilidad institucional” y a recuperar un “diálogo social real, estructurado y eficaz” en todas las decisiones que incidan en el mercado laboral.
Insisten en que las compañías necesitan “previsibilidad, seguridad jurídica y entornos regulatorios estables” que garanticen su viabilidad y su capacidad de competir tanto en España como en el exterior.
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