Seis uniones temporales de empresas (UTEs) compiten por hacerse con el mayor contrato de conservación de carreteras del país, correspondiente a la autopista de circunvalación M-30 en Madrid. El contrato, promovido por el Ayuntamiento de Madrid, tiene un presupuesto de licitación de 136,2 millones de euros y supone la pieza clave del nuevo modelo de gestión de la vía, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Los consorcios participantes son:
Serveo, API Movilidad, Sice (Grupo Cobra/Vinci) y Asfaltos Vicálvaro
Elsamex, FCC Industrial y Matinsa (grupo FCC)
Acciona, Ortiz, Sorigué y Padecasa, con Indra como subcontratada tecnológica
Grupo Sanjose, Aceinsa y Electronic Trafic
Copasa, Aldesa y Aeronaval de Construcciones e Instalaciones
Vías y Construcciones (ACS), Elecnor y Alvac
La UTE formada por Serveo y las filiales de Vinci parte como favorita, según fuentes del sector, debido a su amplia experiencia previa en la conservación de la M-30 durante más de dos décadas. Estas compañías fueron anteriormente filiales de ACS y Ferrovial, socios en Emesa, la actual gestora de la vía.
El contrato abarca la explotación y conservación de los 32 kilómetros del anillo de la M-30 y sus viales asociados. Tendrá una duración inicial de 36 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24 meses adicionales, y se articula en tres grandes bloques: explotación general, mantenimiento de túneles y conservación de la infraestructura.
Este contrato es el tercero de los cinco que sustituirán a los actuales tras el cambio de modelo de gestión que el Ayuntamiento aprobará previsiblemente en julio. El objetivo es pasar de una sociedad mixta (Madrid Calle 30) —donde el Consistorio controla el 80% y ACS/Ferrovial el 20%— a una empresa pública 100% municipal.
Madrid Calle 30 ejercerá la opción de compra sobre el 20% restante en manos de los grupos presididos por Florentino Pérez y Rafael del Pino. El Ayuntamiento prevé que este nuevo modelo de gestión supondrá un ahorro anual superior a los 59 millones de euros, solo en impuestos y aportaciones a los socios privados, según el informe de eficiencia y sostenibilidad elaborado por el propio consistorio.
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