Duro FelgueraEl Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera reclamó que se informe a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las condiciones de la posible venta de “El Tallerón”, la planta de calderería pesada que la compañía posee en Gijón, a la empresa Indra.
La semana pasada, el presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció la compra de una «factoría grande» en la ciudad asturiana para reconvertirla en una instalación destinada a la fabricación de vehículos militares.
Sin embargo, la compañía no especificó aún qué planta será adquirida ni el importe de la operación, generando incertidumbre entre los accionistas.
Desde el SAM, su presidente, Eduardo Breña, advirtió sobre la necesidad de proporcionar detalles claros a los inversores.
Además, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la venta se realice sin coste alguno, lo que, según él, supondría un nuevo perjuicio para los accionistas y acreedores de Duro Felguera, al igual que ocurrió con Epicom.
Ante este escenario, los minoritarios solicitaron una reunión con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con los socios de control de la empresa, las firmas mexicanas Prodi y Mota-Engil México.
En caso de que no se atienda su petición, advirtieron que podrían emprender acciones legales en los próximos días.
Las acciones de Duro Felguera reaccionaron al anuncio con una subida del 2,39% en el Mercado Continuo, alcanzando los 0,321 euros por título en la mañana del lunes.
Los frentes abiertos en Duro Felguera
Este movimiento se produce en un momento crítico para la compañía asturiana, que recientemente solicitó una prórroga de tres meses en su preconcurso de acreedores, al que se acogió en diciembre.
Con esta ampliación, tendrá hasta el 11 de junio para negociar con sus acreedores, aunque las conversaciones con la SEPI no han logrado avances significativos hasta ahora.
Por otro lado, el conflicto legal con Argelia sigue sin resolverse.
La compañía aún no informó sobre los resultados de su viaje a Argelia el pasado 9 de marzo, en el que intentó desbloquear el contrato de la central de ciclo combinado de Djelfa con la energética estatal Sonelgaz Production d’Électricité (SPE).
El arbitraje solicitado por SPE ante la Cámara de Comercio e Industria de Argelia reclama la reanudación del proyecto y una indemnización de 413 millones de euros, un factor que precipitó la crisis financiera de Duro Felguera y su entrada en preconcurso.
Como resultado, la empresa tuvo que reformular sus cuentas desde 2022, incluyendo una provisión de 100 millones de euros por este litigio.
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