TalgoTalgo ha visto una caída del 8,72% en sus acciones tras reanudar la cotización en bolsa, luego de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantara la suspensión que había impuesto tras la negativa del Gobierno a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Magyar Vagon (Ganz Mavag) para adquirir el 100% de la empresa española.
El Ministerio de Economía informó que la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) había emitido un informe negativo sobre la oferta, citando preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y el orden público. Según el ministerio dirigido por Carlos Cuerpo, Talgo es considerada una empresa estratégica en sectores clave para la seguridad económica y el desarrollo industrial de España. El Gobierno subraya su compromiso con la atracción de inversión extranjera, siempre que se alinee con la protección de intereses estratégicos y la seguridad nacional.
La CNMV, inicialmente, mantuvo la suspensión de la cotización hasta que Talgo publicara información relevante sobre la situación, pero levantó la medida poco después. Magyar Vagon había ofrecido 5 euros por acción para adquirir Talgo, pero el Gobierno español se opuso rotundamente, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmando que se haría todo lo posible para bloquear la operación.
El rechazo se basa en parte en el vínculo del grupo húngaro con el Gobierno pro-ruso de Viktor Orbán, y en preocupaciones sobre la capacidad de las fábricas de Magyar Vagon para resolver los problemas de producción de Talgo. Recientemente, representantes del Ministerio de Transportes viajaron a Hungría en un intento por resolver la situación, pero las conversaciones no lograron avanzar.
Además, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) anunció que llevará el caso a los tribunales para defender los derechos de los accionistas minoritarios de Talgo. La asociación argumenta que la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras es inapropiada y afecta negativamente a los accionistas al limitar su capacidad para vender sus acciones. AEMEC cuestiona la legalidad del veto del Gobierno a la OPA, alegando que no se cumplen los requisitos legales para dicha suspensión.
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