Tras la demanda presentada por las grandes empresas de telecomunicaciones por un delito de “vulneración reiterada de derechos de propiedad intelectual”, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fallaba suspender de manera temporal la aplicación de mensajería Telegram.
La demanda era presentada conjuntamente por la entidad de gestión de derechos EGEDA junto a Mediaset España (TeleCinco y Cuatro), Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) y Movistar Plus+. Se denuncia a la aplicación de mensajería instantánea por subir sin permiso sus contenidos audiovisuales protegidos.
Este lunes 25 de marzo era el día en el que este bloqueo se llevaría a cabo, pero, el juez ha acordado suspenderlo tras solicitar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma, así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal.
Las razones del bloqueo a Telegram
En España son 8,5 millones de usuarios de esta aplicación según la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La denuncia se dirige contra los titulares de diversos canales creados en esta red social en la que se comparte contenido protegido. El juez decidía suspender el conjunto a la vez que prorrogaba la investigación durante seis meses.
Según el auto del pasado viernes, se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de estos derechos.
La sede de Telegram se encuentra en las Islas Vírgenes y la decisión del juez se ampara en la falta de colaboración de las autoridades de este país, “a las que solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social”.
Por ahora la aplicación de mensajería no se ha pronunciado, pero la compañía es una prioridad preservar la privacidad y la seguridad de sus usuarios. Una de sus medidas consiste en dividir las claves de cifrado relevantes en partes que nunca se mantengan en el mismo lugar que los datos protegidos. “Como resultado, varias órdenes judiciales de diferentes jurisdicciones son requeridas para forzarnos a entregar algún dato”, dice Telegram.
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