Un tribunal condena a Chile a pagar 1.500 millones a la constructora española Azvi

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La Corte Suprema de Chile emitió un fallo que obliga al Estado a indemnizar a la empresa española Azvi con más de $1.500 millones, tras confirmar el incumplimiento contractual del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el proyecto del puente Cau Cau, ubicado en Valdivia.

El litigio se remonta a 2015, cuando el MOP decidió terminar anticipadamente el contrato, luego de detectar una falla crítica en el sistema de levante del puente.

El máximo tribunal chileno respaldó la posición de la constructora europea, indicando que el Fisco debe pagar $889.277.954 por obras ejecutadas y no remuneradas dentro del marco del contrato original.

A esta cifra se suman indemnizaciones por conceptos adicionales, como gastos generales proporcionales, trabajos no previstos inicialmente y uso de materiales fuera del presupuesto original, alcanzando un monto total cercano a los $1.500 millones.

El conflicto surgió cuando se constató que los brazos móviles del puente fueron instalados incorrectamente, lo que obligó a rediseñar la estructura, según reseña el Zorro Nortino.

Esta situación derivó en una disputa legal entre la empresa y el Estado, que ahora concluye con una sentencia favorable para Azvi.

 

Celebran en Azvi

El abogado de la firma constructora, Carlos Cáceres, celebró el fallo destacando su trascendencia.

“Es satisfactorio para Azvi, ya que acoge su demanda contra el Fisco y restablece el imperio del derecho. La sentencia revela la independencia e imparcialidad del poder judicial”.

El proyecto del puente Cau Cau estuvo rodeado de controversias desde su inicio, marcado por demoras, fallas técnicas y sobrecostos.

Esta resolución judicial representa un nuevo capítulo en una historia que generó un profundo debate público sobre la planificación y ejecución de obras públicas en Chile.

Con este fallo, la Corte Suprema sienta un precedente relevante sobre la responsabilidad contractual del Estado en proyectos de infraestructura, además de subrayar la necesidad de mayor rigurosidad en la fiscalización y gestión de iniciativas de esta envergadura.

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