El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió desde el Despacho Oval al anunciar que su Gobierno tomará una participación del 10% en Intel, uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo. La decisión llega tras una reunión mantenida la semana pasada con el consejero delegado de la compañía, Lip-Bu Tan, apenas unos días después de que el propio Trump pidiera públicamente su dimisión por sus vínculos pasados con China.
El efecto en los mercados ha sido inmediato: las acciones de Intel repuntaron un 6% en Wall Street. Reflejando la magnitud de la noticia y el respaldo gubernamental que recibe la empresa en un momento crítico para el sector tecnológico.
La operación entre Trump e Intel
La operación se articulará mediante la conversión en capital social de las subvenciones concedidas en el marco de la Ley de Chips y Ciencia, impulsada por la anterior administración de Joe Biden. En total, Intel tiene asignados 10.900 millones de dólares (unos 9.346 millones de euros), de los cuales ya ha recibido 2.200 millones. Ese montante permitiría al Ejecutivo materializar una participación accionarial significativa, reforzando la capacidad de influencia sobre la compañía.
El movimiento responde a una estrategia de mayor alcance: fortalecer la producción doméstica de chips para reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente del líder taiwanés TSMC, considerado pieza clave en la cadena global de semiconductores. Intel se posiciona como el candidato ideal en esa apuesta. Al ser una de las pocas compañías estadounidenses que no solo diseña, sino que también fabrica chips en territorio nacional.
Para Trump, este paso es parte de su ambición de mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos frente a China. En un escenario marcado por la guerra comercial y por la carrera por dominar la inteligencia artificial. La inversión gubernamental se presenta así no solo como un respaldo industrial, sino como un movimiento geopolítico de primer orden.
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