El Gobierno ha decidido aplazar una semana la aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Aunque estaba prevista su validación este martes 29 de abril, y posteriormente en un Consejo extraordinario del miércoles, finalmente será llevada al Consejo de Ministros del martes siguiente, ya pasada la simbólica fecha del 1 de mayo.
Este proyecto, impulsado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y fruto del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, beneficiaría a unos 12 millones de trabajadores, especialmente en sectores como la hostelería, comercio, agricultura y servicios, donde predominan jornadas aún próximas a las 40 horas semanales.
Claves del proyecto de ley
Reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, aplicable antes del 31 de diciembre de 2025 para convenios colectivos que actualmente excedan esa duración.
Nuevo sistema de registro horario, obligatorio en todas las empresas:
Registro digital, interoperable y en tiempo real, accesible a trabajadores, representantes y a la Inspección de Trabajo.
El registro deberá ser individual y personal, con identificación inequívoca del trabajador.
Conservación de los registros durante cuatro años.
Derecho irrenunciable a la desconexión digital, prohibiendo que el trabajador deba responder fuera de su horario laboral.
Endurecimiento de sanciones por incumplimiento:
Multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado (anterior máximo: 7.500 €).
Las sanciones se aplicarán por cada infracción individual, no de forma global.
Obstáculos parlamentarios
Tras su aprobación en el Consejo, el texto llegará al Congreso, donde la negociación será clave. El rechazo de CEOE y Cepyme —que defienden que la jornada debe acordarse vía negociación colectiva— ha encontrado eco en Foment del Treball, que presiona a Junts para rechazar la propuesta.
Los sindicatos amenazan con presionar políticamente si se intenta modificar el contenido del pacto. Mientras tanto, las patronales tratarán de influir para que se presente una enmienda de totalidad.
Este retraso no solo afecta al calendario legislativo, sino que convierte la rebaja de jornada en uno de los temas centrales de las movilizaciones del 1 de mayo, con CCOO y UGT llamando a defender la medida en la calle.
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