El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley que modifica el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual.
El texto, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT, se enfrenta ahora a un complejo trámite parlamentario sin una mayoría asegurada que garantice su aprobación.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la medida afectaría a unos 12,5 millones de asalariados.
Además de la reducción de jornada, el texto refuerza el control del tiempo de trabajo.
Se exigirá un registro horario digital e interoperable, y se endurecerán las sanciones: las multas ya no se aplicarán por empresa, sino por cada trabajador con exceso de horas no pagadas, lo que multiplica su efecto disuasorio.
Negociaciones por la jornada laboral
“La negociación parlamentaria ha empezado hace tiempo, llevamos semanas teniendo conversaciones para lograr una mayoría que nos permita sacar adelante el proyecto de ley”, señaló el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Sin embargo, el rechazo frontal del PP y la oposición de Junts complican la aprobación del texto.
Desde la formación catalana, Miriam Nogueras advirtió que la iniciativa es “un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña” y criticó que no hubiera margen para negociar “ni una coma” del documento.
Aunque presentaron una enmienda a la totalidad, fuentes de El País afirma que el Gobierno mantienen la esperanza de alcanzar un acuerdo con Junts, retomando incluso propuestas como ayudas específicas para pymes.
Tampoco el PNV confirmó su apoyo, aunque mostró simpatía por la idea en el pasado.
Desde su bancada subrayan la necesidad de mayor respaldo empresarial y alertan del posible impacto sobre las pequeñas empresas.
Por su parte, Podemos considera la propuesta “modesta e insuficiente”, aunque se declara favorable a avanzar en materia laboral durante esta legislatura.
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