El Gobierno planea cerrar esta semana la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, aunque sin lograr consenso con la patronal en la última reunión, tras rechazar su propuesta de un aumento del 3%, al considerarlo «insuficiente». Todo apunta a que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, aplicará un incremento del 4,4%, conforme a la recomendación más alta de los expertos y por debajo del 5% o 6% demandado por los sindicatos. Este aumento representará un nuevo desafío para las empresas, que desde 2018 han visto incrementarse en un 62% el coste mínimo de contratación, incluidas las cotizaciones.
Durante este período, el salario mínimo ha crecido significativamente, superando la media de la inflación, lo que ha permitido a estos trabajadores ganar poder adquisitivo. Sin embargo, sectores como el agrícola o los proveedores de servicios a la Administración Pública, que no han podido repercutir estos incrementos, han afrontado serias dificultades. En 2018, el SMI se situaba en 735,9 euros mensuales, pero se prevé que alcance los 1.184 euros brutos mensuales en las próximas semanas, marcando un aumento del 60% en siete años. Este incremento ha ido acompañado de un aumento en las cotizaciones sociales, impulsado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de la última reforma de pensiones.
Aumento del salario mínimo en 60%
Con esta nueva subida, el coste mínimo de contratación de un empleado se elevará a 22.318 euros anuales, frente a los 13.802 euros de 2018, según cálculos de Cepyme. Esto supone un aumento del 61,7%, ligeramente superior al del SMI en términos brutos (60%) debido al impacto de las cotizaciones sociales. La patronal de pequeñas y medianas empresas estima que, en promedio, las compañías destinarán 5.742 euros anuales en cuotas a la Seguridad Social, considerando un tipo general del 34,65%. Este porcentaje incluye un 4,08% para contingencias profesionales, un 23,6% para contingencias comunes, un 5,5% por desempleo, un 0,2% al Fondo de Garantía Salarial, un 0,6% para formación y un 0,67% asociado al MEI.
El incremento salarial de 50 euros mensuales (700 euros anuales) propuesto por el Ministerio de Trabajo implicará que las empresas asuman un coste adicional mínimo de 975 euros anuales por trabajador, lo que representa 68,3 euros más al mes en 14 pagas. Comparado con 2018, las empresas pagarán 8.516 euros más por empleado al año, lo que supone un aumento del 40%. Aunque la patronal propuso un incremento del 3% acompañado de ayudas al sector agrícola y bonificaciones a las cotizaciones, además de una reforma de la ley de desindexación, la oferta fue rechazada por sindicatos y el Ministerio de Trabajo.
La cuestión del IRPF
Hasta ahora, los trabajadores que percibían el SMI solo veían reducido su salario neto por las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que estaban exentos de pagar IRPF. Sin embargo, este año el Ministerio de Hacienda evalúa eliminar este ajuste fiscal debido al creciente número de trabajadores afectados por el SMI, que ya ascienden a 2,5 millones.
La posible eliminación de la exención fiscal ha generado discrepancias entre los sindicatos. Mientras UGT se opone a una subida que no esté libre de IRPF, CCOO apoya un incremento mayor, argumentando que eventualmente los trabajadores tendrán que asumir este impuesto. El Ministerio de Trabajo aboga por mantener el ajuste del mínimo exento, pero no puede garantizarlo, ya que la decisión corresponde al Ministerio de Hacienda.
Si no se aplica el ajuste, los trabajadores con salarios cercanos al SMI tributarían a un tipo superior al 40% por la parte de sus ingresos que supere los 15.876 euros (mínimo exento actual) hasta los 16.576 euros que alcanzará el SMI en 2025. Esto implicaría que los empleados destinen alrededor de 300 euros anuales al pago del IRPF, perdiendo el 43% del incremento salarial. Esta situación podría evitarse si se adapta el mínimo exento al nuevo SMI, como ha ocurrido en ejercicios anteriores.
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