Menos huelgas, pero más de 3 millones de horas de trabajo perdidas

Aunque este 2025 la conflictividad laboral ha bajado un poco el tono, las huelgas siguen costando caras: entre enero y mayo se han perdido más de tres millones de horas de trabajo, según los últimos datos de la CEOE. Y no, no ha sido precisamente el sector privado el gran protagonista. Casi tres de cada cuatro horas perdidas (el 73,8%) se concentran en el sector público, que sigue siendo el foco principal de los paros.

En concreto, los trabajadores de servicios públicos dejaron de trabajar más de 2,36 millones de horas en cinco meses, lo que viene a ser unas 475.000 horas al mes. En cambio, las empresas privadas solo acumulan 781.220 horas en el mismo periodo. Vamos, que el sector público ha triplicado las horas perdidas respecto al privado.

Nada que ver con los picos de 2023

A pesar de estas cifras, estamos lejos del récord de 2023, cuando el sector público se dejó más de nueve millones de horas por huelgas. Aquello coincidió con un año electoral cargado (autonómicas y generales), y ya se sabe: cuando se acercan las urnas, los gobiernos suelen intentar apagar fuegos sindicales acumulados. El sector privado, en ese mismo año, no llegó ni al 1,3 millones, y eso que aún se sentían los efectos del COVID y los ERTEs.

Este año, la tendencia es clara: menos lío que el año pasado. El número total de huelgas ha bajado tanto en el sector público como en el privado. En este último, el recorte de horas perdidas es del 53%, mientras que en el público es de un más discreto 32,8%.

Según fuentes empresariales, esto es una señal de que la negociación colectiva está funcionando. Los convenios que se están firmando están siendo razonables y eso ayuda a calmar el ambiente. El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el año pasado por sindicatos y patronales, también ha ayudado. Desde su firma, los procesos de huelga han ido cayendo: de 173 en 2023 a 134 en 2025.

La temporalidad pública, el elefante en la habitación

Pero, ojo, que el problema de fondo sigue ahí. La temporalidad en el sector público sigue siendo un dolor de cabeza: más del doble que en el privado. La reforma laboral ha obligado a las empresas a pasarse a contratos fijos o fijos discontinuos, pero en lo público el cambio va mucho más lento.

España se comprometió con Bruselas a bajar la temporalidad al 8%, pero seguimos cómodamente por encima del 30%. Para solucionarlo, Función Pública está tirando de alianzas con la FEMP (la patronal de ayuntamientos) y está diseñando planes para reducir el abuso del contrato eventual, con más control sobre qué motivos justifican este tipo de contratos.

Al mismo tiempo, desde el Gobierno se está preparando una oferta récord de empleo público, para reforzar servicios como sanidad, justicia o seguridad social. Pero los sindicatos piden ir más allá: quieren que se cubran también las plazas que quedarán vacías por jubilaciones, que en la próxima década serán muchas.

¿Por qué están protestando ahora?

Las últimas movilizaciones no tienen tanto que ver con las condiciones estructurales, sino con retrasos concretos del Gobierno. Por ejemplo, aún está pendiente la subida salarial del 0,5% de 2024, pactada hace meses dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. A eso se le suman reivindicaciones clásicas como la jubilación parcial o mejoras generales en condiciones laborales.

Sin ir más lejos, la semana pasada el personal sanitario volvió a salir a la calle. Y aunque el volumen de protestas ha bajado, el malestar no ha desaparecido, especialmente en áreas donde la presión laboral es constante.