PexelsLa negociación entre la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos para la reducción de la jornada laboral se perfila como uno de los cambios legislativos más significativos del año en materia laboral. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha facilitado una negociación bilateral, consciente de la complejidad para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas. Fuentes cercanas al diálogo social han revelado que, además de la reducción de la jornada laboral, también se ha discutido un posible aumento del límite de 80 horas extraordinarias anuales permitidas actualmente en España, acercándose al estándar europeo de hasta 150 horas anuales.
Diálogo y propuestas
Empresarios y sindicatos, cada uno con sus propias condiciones, están dispuestos a abordar este cambio. Según Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, esta medida podría dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral en determinadas circunstancias. Sin embargo, los sindicatos insisten en la necesidad de un control horario efectivo y exigen que las horas extraordinarias se remuneren a un salario superior al de la jornada ordinaria. Por su parte, los empresarios ven en esta medida un recurso útil para sectores con dificultades para cubrir puestos, como la construcción.
Contexto y comparativa Europea
En la legislación española, las horas extraordinarias son voluntarias salvo que estén pactadas en convenios colectivos o en contratos individuales. Actualmente, el límite es de 80 horas anuales. En comparación, otros países europeos permiten un número significativamente mayor de horas extraordinarias, como Hungría y Eslovaquia, donde el límite llega a las 400 horas anuales. Según Luján, citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España es uno de los países más restrictivos en este aspecto. La patronal, sin embargo, expresa dudas sobre cómo el Gobierno encajaría esta propuesta.
Compensación y control
Las horas extraordinarias deben ser compensadas con un salario que al menos iguale al de una hora ordinaria, o bien ser compensadas con periodos de descanso remunerados. A efectos de cotización a la Seguridad Social, el trabajador soporta un coste del 2%, mientras que la empresa paga un 12% si las horas son por fuerza mayor y un 23,6% si son estructurales. Los sindicatos insisten en que las horas trabajadas deben ser registradas y compensadas adecuadamente. UGT ha presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) argumentando que la legislación española no exige el pago de una prima por las horas extraordinarias, lo que consideran una vulneración de la Carta Social Europea.
Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo coinciden en la necesidad de un registro horario digital accesible para la Administración. Luján sostiene que actualmente existe un amplio margen para falsificar las horas trabajadas, por lo que aboga por un endurecimiento del control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como medida disuasoria para las empresas.
Perspectivas de acuerdo
Aunque hay una voluntad compartida de flexibilizar el mercado laboral, las posibilidades de acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral son débiles. Los empresarios están molestos con la ministra Díaz por algunas de sus últimas maniobras normativas, como la modificación del reglamento del Consejo Económico y Social (CES) y la imposición del plan de igualdad LGTBi a empresas con más de 50 empleados.
Contexto político
En el plano político, las perspectivas para la aprobación de la reducción de la jornada laboral son limitadas debido a la falta de apoyos del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Reformas importantes impulsadas por la vicepresidenta Díaz han sido rechazadas anteriormente, como la del subsidio, lo que añade incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa.
La negociación entre la patronal y los sindicatos continuará siendo un tema crucial en el ámbito laboral, con importantes implicaciones para el futuro del trabajo en España.
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