El salario mínimo interprofesional (SMI) en España aumentará un 4,4% en 2025, alcanzando los 1.184 euros mensuales en catorce pagas.
La medida fue oficializada este lunes en un acto celebrado en el Ministerio de Trabajo, donde la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, firmó el acuerdo junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
El incremento, que supone 50 euros adicionales respecto a 2024, beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Se espera que mañana se apruebe de forma definitiva en el Consejo de Ministros.
Durante la firma, Díaz defendió la subida como una herramienta para reducir la desigualdad y reforzar la protección de los trabajadores con menores ingresos.
“Los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo, sino en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente”, afirmó la ministra.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en su objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
No obstante, el aumento reavivó el debate sobre su impacto en la economía y el empleo.
Mientras que los sindicatos insisten en que los incrementos previos no han afectado negativamente al mercado laboral, algunos sectores empresariales expresaron preocupación por los costes adicionales.
«Lo que estamos haciendo es recuperar el equilibrio, que la riqueza que generan las empresas se distribuya entre los beneficios -que continúan subiendo- y las personas trabajadoras que la producen», defendió Díaz.
Qué pasa con el SMI y el IRPF
La medida generó incertidumbre fiscal. Hasta ahora, quienes percibían el SMI no estaban obligados a tributar por el IRPF gracias a ajustes en el mínimo exento.
Sin embargo, aún no está claro si el Ministerio de Hacienda modificará dicho umbral para evitar que los beneficiarios de la subida tengan que pagar impuestos por primera vez.
Desde UGT, Pepe Álvarez reclamó una reforma fiscal más equitativa y señaló que el Ejecutivo podría mejorar la recaudación sin penalizar a los trabajadores con menores ingresos.
“Si el Gobierno quiere recaudar, tiene las horas extra”, sugirió, en referencia a la necesidad de regularizar el pago de horas de trabajo no declaradas.
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