GettyImagenEspaña mantiene una de las fiscalidades menos favorables de Europa para el impulso del coche eléctrico, según un nuevo informe de Transport & Environment (T&E), que actualiza su Guía de Buenas Prácticas Fiscales.
El estudio alerta sobre la escasa diferencia impositiva entre vehículos eléctricos y de combustión en nuestro país, lo que frena el avance de la electrificación del parque automovilístico.
La organización señala que el caso español contrasta especialmente con el de Portugal, donde la penetración del vehículo eléctrico alcanza el 20,1%, frente al 5,6% en España, a pesar de que ambos países comparten características económicas y demográficas similares.
En el ámbito empresarial, la brecha es aún mayor: solo el 4,4% de los vehículos matriculados en el canal corporativo en España son eléctricos, frente al 21,6% en Portugal.
Una de las principales causas de esta diferencia es el limitado incentivo fiscal. El diferencial en impuestos para las empresas apenas alcanza los 3.200 euros, frente a los más de 24.000 euros en Francia y 30.300 euros en Portugal.
Este escaso atractivo fiscal se refleja también en el impuesto de circulación, donde la ventaja para un coche eléctrico en España es de apenas 3 euros.
En comparación, en Francia el ahorro llega a los 1.533 euros, y en Suecia a 787 euros.
Los cambios para el coche eléctrico
La reforma del impuesto de circulación (IVTM), previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debía haberse llevado a cabo antes del 30 de junio de 2022, pero sigue pendiente.
Este análisis fiscal es condición para acceder a los fondos europeos Next Generation EU, cuyo plazo finaliza en agosto de 2026.
Óscar Pulido, responsable de electrificación de flotas de T&E España, advierte que “el impuesto de circulación constituye un tributo fundamental para la transformación del parque automovilístico español”.
Asegura que es necesario revisar también el impuesto de matriculación y las deducciones fiscales del canal empresa.
En su opinión, sin una reforma estructural, España corre el riesgo de quedarse atrás en la transición hacia una movilidad más sostenible.
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