Manuel García-CastellónEl Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, quien estaba al frente de la investigación sobre la influencia de la amnistía en los imputados del caso ‘Tsunami Democràtic’ hasta su reciente archivo. La jubilación del magistrado se ha adelantado a petición suya, pasando del 16 de octubre, fecha en la que cumplirá 72 años, a esta misma jornada.
El BOE ha publicado el acuerdo alcanzado el pasado 20 de junio por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se decreta la «jubilación forzosa por edad» de García-Castellón, quien hasta este domingo ocupaba el cargo de titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto lleva la firma del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
La solicitud del magistrado para adelantar su jubilación fue aprobada por el CGPJ en junio. Desde su puesto en el Juzgado Central de Instrucción número 6, García-Castellón ha liderado investigaciones de alto perfil, como las relativas a los casos ‘Tsunami Democràtic’, ‘Púnica’, ‘Lezo’ y el ‘caso Villarejo’.
Tras su retorno a la Audiencia Nacional en 2017, García-Castellón asumió la instrucción de importantes causas de corrupción, incluidas las de ‘Púnica’, ‘Lezo’ y el ‘caso Villarejo’, donde investigó numerosas piezas vinculadas con las actividades del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.
Reconocida trayectoria
El juez también ha desempeñado un papel destacado en causas relacionadas con el terrorismo, como la que llevó a proponer el enjuiciamiento de cuatro exdirigentes de ETA por su presunta participación en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1997, un caso que investigó durante su primera etapa en la Audiencia Nacional.
El pasado 9 de julio, García-Castellón decidió archivar la causa de ‘Tsunami Democràtic’ tras recibir el auto de la Sala de lo Penal, que invalidó las diligencias realizadas en los últimos tres años al haberse prorrogado la investigación fuera del plazo establecido. Además, en su auto, el juez remitió testimonio de su resolución y la de la Sala de lo Penal a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para su incorporación y seguimiento en la causa especial.
Es relevante recordar que, en 2023, tras enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo, este decidió investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg por delitos de terrorismo.
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