El Gobierno autoriza a Carme Artigas a trabajar en Moeve y otras siete empresas

El Gobierno ha autorizado a Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a trabajar en ocho empresas del sector privado, entre ellas la energética Moeve (Cepsa) y la productora Secuoya, según ha confirmado la Oficina de Conflictos de Intereses, órgano dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Artigas, que dejó su cargo el 28 de diciembre de 2023 tras la salida de Nadia Calviño del Ejecutivo, está sujeta a la Ley 4/2015, que obliga a los altos cargos a solicitar permiso durante los dos años posteriores a su cese para trabajar en el ámbito privado.

La autorización, concedida el pasado 14 de marzo, permite a Artigas colaborar con un variado grupo de empresas, entre las que figuran Thinking Heads, Woow Hub, Vanguard Europe, Leopan, Ciberhuman y Numeraire Future Trends Limited Company (Abu Dhabi ADGM). En el caso de Moeve, fuentes de la empresa indican que ha sido contratada como asesora externa en digitalización.

Actualmente, Artigas continúa vinculada a la inteligencia artificial en el plano internacional como copresidenta del grupo consultivo de alto nivel sobre IA de la ONU y senior fellow del Belfer Center de la Harvard Kennedy School. También forma parte del consejo asesor de LLYC (Llorente y Cuenca).

Este nuevo caso de “puerta giratoria” se suma a una larga lista de autorizaciones recientes por parte del Gobierno a ex altos cargos. Entre ellas, destacan las dispensas concedidas a Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, para incorporarse al consejo asesor de Telefónica España, y al ex presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, para trabajar en Arcamo Controls.

También se han autorizado los fichajes de ex responsables públicos en empresas de los sectores tecnológico, aeroespacial, tabaquero y energético. Indra, Airbus, SAPA Placencia, Iberdrola y Japan Tobacco Internacional se encuentran entre las compañías que han incorporado antiguos altos cargos de la administración.

Estas incorporaciones, aunque legales y supervisadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, vuelven a reavivar el debate sobre los límites éticos del paso del sector público al privado, especialmente en áreas estratégicas como la digitalización, la defensa o la energía.