El Gobierno ha dado un paso más en su estrategia de consolidar el control en empresas consideradas clave para la seguridad y el desarrollo económico del país. En una reciente reunión del consejo de administración de Redeia —la empresa matriz de Red Eléctrica de España— se aprobó la incorporación de tres nuevos vocales propuestos por el Ejecutivo: la exministra Arancha González Laya, el expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, y un representante a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
La decisión, coordinada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), supone un refuerzo político del Gobierno en una compañía clave para la gestión de las infraestructuras energéticas. Aunque se había especulado con una posible salida del actual vocal designado por el Partido Popular, finalmente este mantendrá su puesto, en lo que algunos interpretan como un gesto de “equilibrio institucional”.
Según fuentes cercanas al proceso, el Gobierno busca “asegurar una gobernanza alineada con los objetivos estratégicos del Estado”, en un contexto marcado por la transición energética, la digitalización de las redes y el aumento de los riesgos geopolíticos.
La oposición, sin embargo, ha criticado duramente el movimiento. Desde el PP acusan al Ejecutivo de “politizar el tejido empresarial” y de “repartirse el poder en empresas públicas como si fueran botín político”. También han surgido voces críticas dentro del IBEX 35, preocupadas por una posible interferencia en la autonomía de gestión.
Con esta decisión, Redeia se suma a una lista creciente de empresas estratégicas donde el Gobierno ha aumentado su peso, como en los recientes casos de Telefónica —tras la operación de la SEPI para adquirir un 10%— e Indra, donde también se han producido cambios significativos en el accionariado y la dirección.
La nueva composición del consejo de Redeia será oficial tras la próxima junta de accionistas, prevista para mediados de junio, donde se someterán a votación los nombramientos. Mientras tanto, el mercado observa con cautela los movimientos del Gobierno en el tablero corporativo.
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