La reciente DANA que golpeó a Valencia ha dejado secuelas profundas en infraestructuras, viviendas y, por supuesto, en el tejido empresarial de la región. Las lluvias torrenciales no solo inundaron calles y viviendas, sino que pusieron a prueba la capacidad de respuesta y la planificación tanto del gobierno autonómico como del central. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece un paquete económico de 14.373 millones de euros (al cierre de este número), el debate está servido: ¿es suficiente para cubrir las necesidades de reconstrucción y resiliencia que demanda la Generalitat Valenciana?
La cifra que pide la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, supera los 31.000 millones de euros, reflejando la magnitud del desafío. La respuesta del Gobierno central, sin embargo, no alcanza ni la mitad de lo solicitado. Aunque los fondos aprobados servirían para ayudar a 30.000 empresas, a 400.000 trabajadores y a 100.000 hogares, es difícil imaginar que esta cuantía cubra las expectativas de las empresas, muchas de las cuales se enfrentan a una crisis no solo de reconstrucción sino de supervivencia.
Es comprensible que los recursos públicos sean limitados y que la distribución de fondos sea siempre un tema complejo. Sin embargo, el paquete propuesto no parece suficiente ante la realidad de los daños. Si bien Sánchez menciona la experiencia pasada en crisis como la pandemia o la tormenta Filomena, no podemos obviar que la recuperación en este caso requiere un enfoque distinto: la DANA afecta directamente al funcionamiento de las empresas, muchas de las cuales se encuentran en riesgo de no poder recuperar su actividad sin el apoyo adecuado.
Las empresas de Valencia no son solo destinatarias pasivas de la ayuda estatal; son actores clave en la reactivación económica y social de la región. Sin embargo, los recursos que se han puesto a disposición (de los cuales muchos son créditos ICO que las empresas tendrán que devolver) no terminan de convencer, ya que dejan al sector privado con una deuda adicional en un contexto de fragilidad.
Este tipo de ayudas, basadas en préstamos, aumenta la carga financiera de las empresas y puede resultar en una recuperación desigual, en la que solo las más grandes y mejor capitalizadas logren superar la crisis. Las pymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial valenciano, son las que más necesitan apoyo directo y no condicionado, dado que no siempre pueden asumir nuevas deudas sin poner en riesgo su sostenibilidad.
El paquete económico debería incluir, además, subvenciones no reembolsables para ayudar a las empresas en su transición hacia modelos más sostenibles y resistentes al cambio climático. Invertir en resiliencia no es un gasto; es una inversión estratégica para evitar que fenómenos como la DANA sigan paralizando la economía local cada vez que ocurran. Las empresas, sobre todo las pymes, pueden ser el motor de esta transición, pero necesitan apoyo real y no solo la promesa de fondos a devolver.
La respuesta a esta crisis no puede ser simplemente un “parche económico”. Si el Gobierno central quiere realmente “estar con los valencianos”, como afirmó Sánchez, debe hacer un esfuerzo extra para que el sector empresarial valenciano cuente con los recursos necesarios para no solo recuperarse, sino también fortalecerse frente a futuros desafíos. No se trata solo de cifras; se trata de dar a Valencia y a sus empresas el valor que merecen en un proyecto de país resiliente y sostenible.
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