Carles Puigdemont, 'expresident' de la Generalitat de CataluñaCarles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado su regreso «desde el exilio» tras la convocatoria del pleno de investidura de Salvador Illa, programado para este jueves a las 10 horas.
En un vídeo difundido en su perfil de la red social X (anteriormente Twitter), Puigdemont informa que el Parlamento catalán ha convocado a todos los diputados, lo que, según él, le obliga a presentarse. Subraya que su decisión de volver a España no tendría relevancia si existieran «condiciones democráticas normales».
Puigdemont, que ha pasado casi siete años exiliado en Bélgica y Francia, afirma en el vídeo que regresa porque está convencido de que no hay «otro camino» para alcanzar la normalidad democrática y poner fin a la «represión política».
El expresidente destaca que la ley de amnistía «está en vigor» y debe ser «obligatoriamente aplicada», argumentando que su posible detención en España sería «ilegal» y «arbitraria».
Asimismo, Puigdemont critica la «rebeldía» y «bunkerización» de algunos jueces del Tribunal Supremo, aludiendo implícitamente al juez Pablo Llarena, quien sostiene que la malversación, uno de los cargos imputados a Puigdemont en el juicio por el ‘procés’, no está exonerada por la ley de amnistía, razón por la cual mantiene la orden de detención contra el líder de Junts.
Días atrás, tras confirmarse el apoyo de las bases de ERC a la investidura del socialista Salvador Illa, Puigdemont publicó una carta abierta en X en la que adelantaba su regreso a España para asistir al pleno, advirtiendo que su detención era una «posibilidad muy real».
Consecuencias legales para Puigdemont
Una vez detenido, el expresidente catalán Carles Puigdemont podría ser trasladado a Madrid para ser interrogado, a discreción del magistrado del Supremo, Pablo Llarena. En cualquier caso, su ingreso en prisión provisional podría ser solicitado por cualquiera de las partes personadas. En este sentido, Vox, que ejerce la acusación popular, ya ha anunciado que lo solicitará de inmediato, siendo probable que el juez considere el riesgo de fuga y estime la medida.
El escenario es incierto a partir de aquí, ya que Puigdemont podría intentar evitar su ingreso en prisión planteando un ‘habeas corpus’ o presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional, exigiendo la aplicación de la ley de amnistía. Su defensa sostiene que dicha norma cubre íntegramente el procés y, por tanto, su caso particular.
¿A qué pena se enfrenta?
Aunque es pronto para prever cómo se desarrollará el proceso penal, existe el precedente de Oriol Junqueras. Por los mismos cargos de malversación agravada y desobediencia que enfrenta Puigdemont, Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación. Su pena de prisión fue extinguida por el indulto emitido por el Gobierno en 2021, pero la inhabilitación sigue vigente al no aplicarse la amnistía al delito de malversación.
Sin embargo, tras la reforma del delito de malversación aprobada en 2023, las penas de cárcel para este delito se establecen entre 4 y 8 años «cuando el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado exceda de 50.000 euros», según el artículo 432 del Código Penal.
Tablero Económico
El regreso de Puigdemont también tiene un importante impacto económico, ya que pone en ‘jaque’ los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025.
Es importante recordar que Moncloa y el PSC están en plenas negociaciones con ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Para ERC, el objetivo es aislar a Carles Puigdemont y desactivar buena parte de su capital político. Para los socialistas, la prioridad es asegurar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, esenciales para que Pedro Sánchez garantice una legislatura prolongada. La evolución de las conversaciones esta semana será determinante para el futuro político de la actual presidencia española. Según ERC, las negociaciones son «fluidas» y avanzan a «buen ritmo». Todo un engranaje que podrá saltar por los aires con su llegada a España.
No en vano, los diputados encabezados por Míriam Nogueras ya votaron en contra del techo de gasto. Esta negativa torpedea la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El próximo paso en la estrategia de Puigdemont es justamente presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas si Sánchez no se pliega a sus exigencias.
Sánchez se queda así sin sus socios clave, poniendo en riesgo el funcionamiento de la legislatura y complicando significativamente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Es importante recordar que los presupuestos de 2024 han sido prorrogados debido a la convocatoria de elecciones en Cataluña. Además, otras cinco leyes que el presidente pretendía impulsar en el Congreso de los Diputados durante los cuatro meses posteriores al verano también quedan en suspenso. En definitiva, la legislatura se enfrenta a una parálisis debido al bloqueo político.
Sánchez tendrá que actuar con precisión de relojero suizo en las concesiones que realice a todo el abanico parlamentario que le apoya, ya que posteriormente deberá presentar su plan fiscal a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, tendrá que realizar un ajuste contable de 6.000 millones de euros para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.
Las miradas también están posadas sobre los planes fiscales del independentismo en Cataluña.
«Sin perjudicar a nadie y manteniendo criterios de solidaridad. Quiero dejar constancia pública de que nadie nos ha pedido, en el transcurso de las negociaciones, prescindir del concepto de solidaridad», indicó Illa tras conceder a ERC que Cataluña tenga un cupo similar al vasco recaudando el 100% de los impuestos, incluido el IRPF. En cualquier caso, el socialista sí ha dejado claro que «Cataluña tiene derecho a una financiación singular» para, ha precisado, «hacer políticas que beneficien a los ciudadanos» y para «mejorar nuestras infraestructuras».
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