Andalucía, Galicia y Canarias: las más perjudicadas por el pacto fiscal catalán

Andalucía, Canarias y Galicia se enfrentan a recortes en su gasto público de hasta 6.100 millones de euros anuales si se implementa el concierto fiscal catalán. Estas 3 autonomías serían las más perjudicadas por la aplicación del principio de ordinalidad que Cataluña busca imponer en el sistema de financiación autonómico. Este principio afectaría a todas las comunidades, aunque en distinta medida, con las únicas excepciones de Cataluña, Madrid y Baleares.

El acuerdo de investidura entre el PSC y ERC va más allá de la simple transferencia de la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña a su Agencia Tributaria. La Generalitat exige que, tras esa cesión, su aportación al Estado, junto con una cuota de solidaridad, se calcule siempre respetando el principio de ordinalidad.

Pacto entre PSC y ERC

Este criterio establece que debe haber coherencia entre los ingresos tributarios de cada territorio y los recursos que recibe del Estado. En términos del nacionalismo catalán, esto significa que Cataluña no debe aportar más de lo que recibe, evitando que, si es la segunda comunidad con más ingresos tras Madrid, se encuentre luego entre las últimas en recibir financiación estatal.

Actualmente, no existe el principio de ordinalidad en el sistema de financiación autonómica en España, como reflejan los últimos datos de Fedea. Muchas comunidades reciben del Estado una financiación muy superior a la recaudación tributaria que generan. Este desequilibrio es notable tanto en términos per cápita como absolutos. Por ejemplo, Andalucía recibe 6.100 millones más de lo que recauda, Canarias 4.100 millones y Galicia casi 3.000 millones, seguida de Castilla y León con 2.370 millones.

Autonomías de España

Corregir esta situación siguiendo el principio de ordinalidad presenta 2 opciones: o las comunidades aumentan los impuestos, o el Estado reduce las transferencias que otorga a estas regiones. En este último escenario, los Gobiernos autonómicos verían reducidos drásticamente sus recursos, lo que podría forzarlos a recortar el gasto público hasta el nivel que permiten sus ingresos propios, complementados solo en parte por mecanismos de solidaridad. Esto podría afectar gravemente los servicios públicos ofrecidos en estas comunidades.

El principio de ordinalidad es un tema delicado, lo que explica por qué no está contemplado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas (LOFCA). En contraste, países como Alemania y Canadá sí tienen mecanismos constitucionales que garantizan un reparto equitativo de recursos entre regiones. En el caso alemán, existen excepciones para los Estados del Este, que aún reciben ayudas de territorios ricos como Hesse o Baviera debido a su historia económica.

En España, el principio de ordinalidad no se aplica porque los legisladores esperaban que los desequilibrios fueran temporales, con el objetivo de que las comunidades más pobres pudieran alcanzar con el tiempo a las más ricas, siguiendo una lógica similar a los fondos de cohesión de la Unión Europea. Sin embargo, las diferencias regionales persisten y, en muchos casos, no se han corregido.

Este debate sobre la financiación autonómica estuvo en el centro del cónclave de líderes regionales del PP que se celebró el viernes. En él, también se abordó el coste del concierto fiscal catalán. Según los cálculos de Fedea, la recaudación del IRPF a nivel estatal tendría que aumentar en un 30% para sostener este sistema.