permiso parentalDesde el 2 de agosto, España incumplirá la directiva europea de conciliación que obliga a retribuir al menos cuatro semanas del permiso parental de ocho semanas hasta que el niño cumpla 8 años. El Gobierno de coalición planea abordar este asunto en la negociación de los Presupuestos, lo que retrasará su implementación hasta 2025.
La directiva de conciliación europea, aprobada en 2019, establece mínimos de permisos por nacimiento o cuidados, incluyendo el derecho a un permiso parental de cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años. De estos cuatro meses, dos no pueden ser transferidos y deben ser remunerados. Esta directiva dio a los Estados un margen adicional hasta agosto de 2023 para cumplir con esta parte, permitiendo adaptaciones en su legislación nacional.
Situación en España
La ley de familias española reconoce el derecho al permiso parental, pero no especifica cómo y cuándo se retribuirá, lo que significa que no cumple completamente con la directiva. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales señalan que «la pelota está en el tejado del PSOE», indicando que el socio de Gobierno no tiene prisa por implementar esta remuneración.
El diputado de Sumar, Carlos Martín Uriza, explicó que la directiva obliga a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos: 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas retribuidas: 16 semanas por nacimiento y 3 semanas adicionales por el permiso de lactancia.
Para cumplir con la directiva, España necesita retribuir tres semanas adicionales. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar contempla ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso parental. Las negociaciones presupuestarias, que comenzarán en septiembre, serán cruciales para definir los plazos y detalles de esta implementación.
Esta situación refleja la complejidad de ajustar las políticas nacionales a las directivas europeas, especialmente en temas tan sensibles como la conciliación laboral y familiar.
«Es una prioridad absoluta», añade el diputado de Sumar que no tiene dudas de que el PSOE cumplirá con los compromisos del acuerdo de Gobierno que recogía ese compromiso de garantizar el pago de 4 semanas, una medida cuyo coste puede rondar los 250 millones de euros por semana pagada.