La Seguridad Social encadena 14 años de pérdidas económicas, pese al aumento de las cotizaciones y de las transferencias. El nuevo desajuste en la balanza presupuestaria, destinada a prestaciones contributivas, fue de 28.400 millones de euros en 2023. Esto se traduce en casi el 2% del PIB.
De seguir con la dinámica actual, el año 2024 podría venir marcado por un déficit significativo para el sistema de pensiones, en torno al 0,2%. Unos datos que se concluyen tras analizar los Presupuestos Generales de 2023.
Expertos del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de varias universidades españolas aproximan el déficit contributivo del sistema resultante de la diferencia entre el gasto estrictamente contributivo y los ingresos que financian estas obligaciones.
España no logra consolidar su posición pese a los ingresos obtenidos en diferentes áreas: cotizaciones (186.666 millones, el 9,9% más que en 2022), y transferencias procedentes de la Administración Central (39.398 millones, el 4,6% más). Pese a todo, el déficit de 2023 fue de 8.211 millones en negativo, según datos de la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas.
La Seguridad Social incapaz de cubrir el incremento anual de pensiones contributivas
A pesar de la subida incipiente de los ingresos por cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, los cuales aportaron un 10,3% durante el pasado curso y llenaron la caja de la Seguridad Social con unos 155.000 millones de euros, el Ejecutivo sigue sin poder tener capacidad de reacción eficiente.
El montante de las pensiones contributivas fue de 184.000 millones de euros, y aunque en el año anterior se recibieron en cuotas 14.385 millones de euros más, no fue suficiente. De hecho, según el economista Miguel Ángel García, el agujero contributivo ascendería a los 35.000 millones de euros.
A todo esto hay que sumarle los ingresos adicionales de la sobrecotización, aplicable sobre todas las nóminas. Es el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiguió cosechar 2.700 millones de euros.
Llama la atención que la Seguridad Social sea la única Administración que incrementó su déficit en 2023 (unos 0,12 puntos porcentuales de PIB), pese a que el Estado logró reducirlo en más de 10.000 millones de euros. Además, las comunidades autónomas lo rebajaron en 1.865 millones y los ayuntamientos en unos 282 millones menos de déficit.
Los fondos de la Seguridad Social se cerraron con un desvió de 8.211 millones de euros, es decir, 2.315 millones más de desequilibrio con respecto al ejercicio anterior. Esto se traduce en el 0,56% del PIB. Pese a todo, el Gobierno de Sánchez se muestra optimista y asegura que su gestión va en línea con las previsiones iniciales.
Las transferencias del Estado son fundamentales en los ingresos del sistema. Y es que las recibidas por el Estado y los organismos autónomos fue de 40.000 millones de euros, un 7,6% más. Además, con ello se financian los gastos que no corresponden, por ley, a la Seguridad Social.
De igual modo, se destinan también a gastos contributivos complejos. Dicho esto, se puede asegurar que uno de cada cinco euros ingresados por el Sistema se corresponde a ingresos tributarios que traspasa el Estado a la Administración de las Pensiones. Se genera un ‘círculo vicioso de deuda’.
La nueva línea de actuación
El objetivo del Gobierno no es otro que garantizar las pensiones mediante una serie de medidas eficientes. Hay que ser conscientes de que España es uno de los países que más afectados se verá por el envejecimiento de su población, por lo que resultará fundamental apostar por la sostenibilidad en el sistema de reparto, aunque sin descuidar la suficiencia. Esta idea es apoyada por Rafael Villanueva, Associate Director de Retirement de WTW.
De ahí que el ex ministro Escrivá diseñase la cuota adicional del MEI, subiendo las bases máximas de cotización. Además, aquellos trabajadores que superasen la base máxima se enfrentarían a la denominada cuota de solidaridad, que viene a gravar el tramo salarial. El objetivo será llegar hasta el 7% en 2045.
La solución pasa por implantar una reforma fiscal comprometida con la Comisión Europea, teniendo en base la ausencia de presupuestos. La clave es crear un sistema sostenible, con fuentes de financiación alternativas procedentes de impuestos generales y de la emisión de deuda pública.
© Reproducción reservada