El derecho a la desconexión digital se vuelve global

A partir de este lunes, no contestar a un correo electrónico o llamada fuera del horario laboral no le supondrá una sanción a los trabajadores australianos. Esto se debe a que dicho día entró en vigor la Ley del Derecho a Desconectarse. Esta norma recoge la posibilidad de que los empleados pertenecientes a empresas con una plantilla de 15 o más profesionales puedan negarse a responder a los distintos mensajes que reciban por parte de sus jefes una vez que su jornada laboral haya concluido. La presente ley, que ampara el derecho a la desconexión digital y fue aprobada por el Parlamento de Camberra el pasado mes de febrero, sigue la estela de otras normativas similares que ya se aplican desde hace tiempo en Francia, España, Bélgica, Croacia, Irlanda, Grecia, Portugal, Eslovaquia, Chile, Corea del Sur y Filipinas.

Mapa de Australia

La pandemia de Covid-19 ha resignificado el trabajo a nivel mundial y ha resquebrajado la jerarquía social que lo situaba como eje central de la cadena de prioridades de los ciudadanos. La necesidad de delimitar el espacio personal y profesional ha vertebrado su reclamación de una desconexión digital. Esta, que se basa en la omnipresencia de la tecnología, ha sido trasladada por diversos Gobiernos a su legislación a lo largo de los últimos años.

No obstante, este derecho llega ahora a Australia, un país muy vanguardista en cuanto a sus políticas laborales, pero que lo ha reconocido con algunas excepciones. De hecho, será la Comisión de Trabajo Justo de Australia la que intermedie en los casos en los que un trabajador se niegue a atender una llamada o mensaje urgente de su empleador. En caso de que la justicia falle a favor del asalariado, el empresario podría enfrentarse a una multa de 19.780 dólares australianos (11.388 euros), mientras que el castigo para la compañía ascendería a los 93.900 dólares australianos (56.950 euros).

El uso de dispositivos digitales, tales como los móviles y los ordenadores portátiles fuera del entorno de trabajo se ha convertido en una realidad para millones de empleados de todo el mundo. Esto se debe a que la posibilidad de llevar a cabo distintas tareas sin necesidad de acudir a la oficina ha permitido diversificar la jornada laboral hasta el punto de entremezclarla con la personal. Esta simbiosis, fomentada por algunas empresas, ha provocado episodios de estrés digital (tecnoestrés) o de burnout (síndrome del trabajador quemado) en muchos profesionales que afirman sentirse controlados permanentemente por sus superiores.

Para tratar de evitar estas situaciones, en España, el derecho a la desconexión digital se incorporó al Estatuto de los Trabajadores en 2015. Por tanto, se halla encuadrado en la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales de 2018. Asimismo, este derecho se reforzó dos años después, en 2021, mediante la Ley de Trabajo a Distancia. Se trata de una coraza legal que envuelve el derecho universal de toda persona «al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas», reconocido por la ONU en 1948. Su vulneración, pro tanto, está tipificada con sanciones de entre 751 y 7.500 euros en virtud de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El último debate entre sindicatos y patronales sobre el derecho a la desconexión digital se dio durante la renovación del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) en mayo de 2023. Aunque fue la senda de subidas salariales la que acaparó esta conversación, los representantes de los trabajadores y los empresarios acordaron ciertas normas de comportamiento con las que facilitar la conciliación laboral y personal.

«Si se produce cualquier tipo de llamada o comunicado fuera de la jornada laboral, los trabajadores no estarán obligados a responder ni sus superiores jerárquicos podrán requerirles respuesta fuera de la misma, salvo que concurran circunstancias excepcionales de fuerza mayor», recoge el texto firmado por las distintas organizaciones. En él, también se indica que «las empresas garantizarán que los empleados que hagan uso de este derecho no se verán afectados por ningún trato diferenciado o sanción».

No obstante, la defensa de este derecho sigue siendo prioritario para el Ministerio de Trabajo. Por ello, en la negociación para la reducción de la jornada laboral, que se retomará en septiembre, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, presentó un documento ante sindicatos y patronales con el que pretende blindar esta prerrogativa incluso por contrato. En dicho documento se prevé que «los trabajadores no puedan renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o prácticas».

Yolanda Díaz

Como indicación para las compañías, este texto también contempla «la ausencia de toda solicitud a realizar una prestación laboral o iniciativa de comunicación», ya sea de la empresa, la persona en la que esta delegue o, incluso, un tercero que posea una relación comercial con el empleado. Asimismo, propone que la patronal garantice también el derecho del trabajador «a no ser localizable» fuera de su horario laboral.

A pesar de que una decena de países ya cuenta con una regulación relativa al descanso digital, uno de los primeros en reconocer dicho derecho fue Francia, que, en 2016, aprobó la Loi Travail (Ley del Trabajo) o Loi Khomri (procedente del nombre de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomri). Esta ley le atribuye al trabajador su derecho a la desconexión y obliga a las empresas a la «puesta en marcha de dispositivos de regulación de la utilización de dispositivos digitales» con el fin de «asegurar el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones», así como de «su vida personal y familiar». Sin embargo, no incluye una definición de lo que debe ser la desconexión digital, y deja, por tanto, su fijación al resultado de la negociación colectiva pertinente en cada caso.

Myriam El Khomri

En Francia, las empresas que cuentan con representación sindical negocian anualmente las retribuciones, el tiempo de trabajo, el reparto del valor añadido en la empresa, la calidad del empleo y medidas para fomentar la igualdad profesional entre hombres y mujeres, entre otras cuestiones.

En cambio, en otros países europeos, como Italia, solo aquellos asalariados que combinen el trabajo presencial con el teletrabajo (a estos se les conoce como empleados ágiles), tienen reconocido el mentado derecho.

En Bélgica, los detalles de los términos y condiciones, así como la implementación de herramientas digitales que aseguren los tiempos de descanso y el «equilibrio entre la vida laboral y familiar» han de acordarse con los sindicatos. La ley que ampara la desconexión digital de los empleados entró en vigor el 1 de septiembre de 2023, momento en el que pasó a ser de obligado cumplimiento para todos aquellos trabajadores pertenecientes a empresas cuya plantilla supere las 20 personas.