GettyImagenIberdrola ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Supremo para que se aclare la base normativa y las garantías jurídicas de la creación del Comité de análisis del apagón del pasado 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin suministro eléctrico.
La energética cuestiona la cobertura legal del Comité creado por el Gobierno para investigar las causas del denominado «cero eléctrico«. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la acción judicial fue registrada el 30 de mayo, antes de que se hiciera público el informe del Comité el 17 de junio y antes de que se conociera su naturaleza normativa. Hasta ese momento, Iberdrola solo contaba con una orden comunicada del 30 de abril, firmada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que creaba y regulaba el Comité.
Iberdrola considera que no existe un amparo jurídico suficiente para las funciones desempeñadas por el Comité, ya que fue creado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) sin que el Presidente del Gobierno declarara previamente una situación de interés para la Seguridad Nacional, algo que sería requisito indispensable para su legitimidad. Por tanto, denuncia que el Comité «carece de esa necesaria cobertura jurídica«.
En su escrito, la compañía solicita que el Ministerio para la Transición Ecológica aporte al Supremo toda la documentación normativa que respalda la existencia y actuaciones del Comité, con el objetivo de determinar el valor jurídico del informe en los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el apagón del 28 de abril.
Una causa «multifactorial»
El informe presentado por el Gobierno concluye que el apagón tuvo un origen «multifactorial», descartando por completo un ciberataque. Según la vicepresidenta Aagesen, el evento fue resultado de una combinación de sobretensiones, oscilaciones, y desconexiones en cadena de centrales eléctricas.
Entre los tres grandes factores señalados por el Comité se encuentra la falta de capacidad de control de tensión dinámica. El informe destaca que el sistema contaba ese día con el programa de control de tensión más bajo de 2025, y que varios grupos de generación no absorbieron la energía reactiva esperada, a pesar de estar retribuidos por ello.
A este informe gubernamental se suman los realizados por Red Eléctrica de España y la asociación de grandes eléctricas aelec, aunque ninguno ha permitido señalar de forma concluyente un responsable claro. Mientras el informe del Comité reparte las culpas entre Red Eléctrica y las eléctricas, cada una de las partes implicadas culpa a la otra en sus respectivos documentos.
Iberdrola insiste en la necesidad de que este proceso se aclare desde el punto de vista jurídico, para garantizar la seguridad legal en futuros procedimientos y establecer las responsabilidades reales del apagón más grave registrado en la historia reciente del sistema eléctrico peninsular.
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