El Gobierno español modifica las reglas del despido por incapacidad

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha reformado el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores relativo a su incapacidad permanente por solicitud de los Ministerios de Trabajo y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Estos 2 órganos del Ejecutivo, encabezados por Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, han presentado una propuesta que permite eliminar como causa de la extinción de la relación laboral el reconocimiento de la incapacidad permanente del trabajador. Hasta ahora, dicha incapacidad era causa automática de despido. Sin embargo, a partir de este momento, si el empleado está en nómina se halla protegido.

Persona con discapacidad en el trabajo

Yolanda Díaz

Persona con discapacidad en el trabajo

Pablo Bustinduy

Esta nueva normativa surge del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Este tiene como finalidad que el Estatuto de los Trabajadores se halle alineado con las recomendaciones del Libro Blanco Sobre Empleo y Discapacidad, garantizando así la protección de los derechos laborales de los discapacitados, quienes, históricamente, ha sufrido discriminación en el trabajo.

Derechos laborales de las personas con discapacidad

La reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores pretende blindar los derechos laborales de los discapacitados. Asimismo, también contempla el refuerzo del acceso de estas personas al empleo.

En consecuencia, se han de adaptar los puestos de trabajo a las nuevas condiciones físicas y funcionales de los empleados. Sin embargo, en los casos en los que no sea posible realizar dicha adaptación, la empresa está obligada a reubicar al empleado en otro puesto compatible con sus capacidades dentro de la misma, garantizando así su continuidad laboral. De esta forma, se evita el despido de los discapacitados que, hasta ahora, era la opción más común.

Persona con discapacidad en el trabajo

Persona con discapacidad en el trabajo

Además, la finalización del contrato dependerá de la persona con discapacidad y de si la empresa puede implementar los ajustes que esta necesita o no. El nuevo texto legal establece criterios claros con los que determinar cuándo los costes de adaptación son desproporcionados para el empleador y, por tanto, este debe buscar otra solución o beneficiarse de las correspondientes subvenciones y ayudas públicas destinadas a financiar una parte o el total del mentado gasto.

¿Cuándo entra en vigor la reforma del despido en España?

A pesar de que la mencionada reforma del Estatuto de los Trabajadores ha sido aprobada e impulsada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), esta no ha entrado en vigor aún porque requiere la tramitación parlamentaria correspondiente. A lo largo de este proceso, se debatirán varios temas cruciales, tales como la posibilidad de que las ayudas públicas y las subvenciones cubran los elevados costes de adaptar puestos de trabajo a personas con discapacidad. Este debate es necesario para garantizar la viabilidad y efectividad de la nueva normativa.

Persona con discapacidad en el trabajo

Tribunal Superior de Justicia de la UE en Luxemburgo

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