Asufin demanda a España por retraso en adecuarse a norma europea

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La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) presentó una denuncia ante las autoridades europeas contra de España por el retraso en la transposición de la Directiva de acciones de representación colectiva (Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo), que debía haberse implementado en diciembre de 2022.

La transposición es el proceso mediante el cual un país adapta una directiva europea a su legislación nacional.

En este caso, la Directiva 2020/1828 establece un marco para las acciones colectivas, y los países de la UE deben modificar sus leyes internas para cumplir con ella.

«El Gobierno ha permitido que se paralice su tramitación en el Congreso, lo que implica un incremento en el retraso que hace imprevisible la fecha definitiva de su transposición», señaló Asufin en una nota de prensa.

La denuncia, apoyada por la organización de consumidores BEUC, hace hincapié en que la Comisión Europea tiene la obligación de garantizar el cumplimiento homogéneo de la legislación de la UE en todo su territorio.

Denuncian que la falta de transposición quebranta el ordenamiento jurídico europeo.

Asufin solicitó que la Comisión inste al Estado español a realizar la transposición de manera inmediata.

Las deudas con Asufin

Asufin critica que España no solo incumplió el plazo establecida. También acordó retirar el texto de la tramitación parlamentaria.

Por el retraso, es prácticamente imposible que la Directiva logre ser transpuesta en 2024.

De no tomarse medidas urgentes, el proceso podría demorarse hasta 2025.

«Solo quedan cuatro países en Europa, junto con España, que no han transpuesto la Directiva», puntualizan.

Asufin cree que la transposición de esta Directiva es fundamental para regular de manera adecuada las acciones colectivas en España.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, consideró que «las acciones de representación son un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico europeo»

A juicio de la ejecutiva, “nuestro gobierno está jugando con los derechos de los consumidores españoles, condenándoles a ser europeos de segunda».

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