Congreso de los DiputadosEl Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma fiscal propuesta por el Gobierno, que introduce nuevos impuestos a las grandes compañías energéticas y a la banca.
La reforma consiguió el respaldo de 178 legisladores y 171 en contra, logrando así el visto bueno a una de las iniciativas más importantes de la legislatura.
Esta medida está vinculada al cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que obligan a España a establecer una tributación mínima del 15% para las multinacionales antes de final de año, lo que también desbloquea el quinto tramo de los fondos europeos, por valor de 7.200 millones de euros.
El aspecto más destacado de la reforma es el compromiso del Gobierno de crear un impuesto específico para las grandes energéticas.
Este acuerdo fue alcanzado in extremis con Podemos, presionando para que el Ejecutivo se comprometiera a aprobar una ley antes del 31 de diciembre de 2023.
La nueva normativa no afectará a las inversiones relacionadas con la descarbonización, una de las condiciones acordadas.
Si la ley no se aprueba a tiempo, el Gobierno se compromete a prorrogar el impuesto mediante un real decreto hasta 2025.
Qué trae la reforma fiscal
Además, la reforma fiscal incluye una actualización del impuesto a la banca, que se extenderá más allá del 31 de diciembre, cuando termine el tributo temporal vigente.
El nuevo impuesto a las entidades financieras establece una escala progresiva que grava los márgenes de comisiones e intereses, con tipos que varían según la base imponible.
Las entidades con ingresos superiores a los 5.000 millones de euros estarán sujetas a un tipo máximo del 7%, mientras que aquellos con bases imponibles menores se enfrentarán a tipos más bajos, establecidos en tramos.
El impuesto también incluye un reparto de la recaudación entre las comunidades autónomas, lo que permitirá a Navarra y el País Vasco modificar los tipos impositivos según su territorio.
Además de estos impuestos, la reforma introduce un aumento del 1% en el tipo máximo del IRPF para las rentas de capital superiores a los 300.000 euros, elevando su tipo al 29%.
También se contempla una subida en los impuestos sobre los cigarrillos electrónicos y el tabaco, y medidas para combatir el fraude fiscal en el IVA de los hidrocarburos.
Se estima que la reforma fiscal podría generar entre 4.000 y 6.000 millones de euros adicionales anuales, contribuyendo a una mayor sostenibilidad financiera del país y a cumplir con los compromisos del Gobierno con la Unión Europea.
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