La MoncloaEl Gobierno español ha decidido seguir blindando a las empresas estratégicas del país frente a posibles adquisiciones externas. Este lunes, el Consejo de Ministros aprobó una prórroga de dos años más para el conocido “escudo antiopas”, una medida clave para proteger a compañías consideradas fundamentales para la economía y la seguridad nacional. Sí, esto significa que este mecanismo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
¿Pero qué es este “escudo antiopas” y por qué es tan importante? Básicamente, se trata de una norma que permite al Gobierno controlar operaciones en las que un inversor extranjero intente hacerse con más del 10% del capital de empresas estratégicas cotizadas, o con inversiones superiores a 500 millones de euros si no están en bolsa. Se activó en plena pandemia para proteger a estas compañías del desplome bursátil que sufrieron en 2020.
Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, “España sigue siendo atractiva para la inversión extranjera”, pero asegura que este blindaje es compatible con mantener el control sobre sectores estratégicos. Traducción: queremos inversiones, pero no a cualquier precio.
Operaciones bloqueadas y supervisadas por el Gobierno
Desde su implantación, el escudo no se ha utilizado mucho, pero cuando lo ha hecho, ha causado revuelo. El caso más sonado fue el veto a la compra de Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz-MaVag, una operación de 619 millones de euros que el Gobierno bloqueó alegando razones de seguridad nacional. Ahora, los húngaros han anunciado que llevarán el caso a los tribunales.
Más reciente es el caso de Telefónica, donde la entrada de la saudí STC (Saudi Telecom Company) puso a la Moncloa en alerta. Aunque STC llegó a controlar el 9,9% de la teleco, el Ejecutivo analizó durante meses la operación y terminó dando luz verde, pero con condiciones: los saudíes no tendrán representación en el Consejo de Administración, y se mantienen garantías para que Telefónica siga siendo “española”.
Además de estos ejemplos, el escudo también ha impuesto requisitos en operaciones como la compra de Opdenergy por el fondo francés Antin o el rescate de Celsa, donde se exigió incluir un socio nacional con un 20% del capital. Incluso ahora, el Gobierno estudia si permitir la venta del gigante avícola Uvesa a la ucraniana MHP, en una operación valorada en 200 millones de euros.
Nuevos sectores estratégicos
Este blindaje, que en un principio iba a ser temporal, ha evolucionado en los últimos años. Ahora incluye sectores de alta tecnología como la Inteligencia Artificial (IA) y los semiconductores, áreas que el Gobierno considera esenciales para el futuro económico y tecnológico de España. Además, se han agilizado los plazos de revisión de las operaciones, que pasan de seis a tres meses.
A pesar de estas restricciones, las cifras muestran que España sigue siendo un destino muy atractivo para la inversión extranjera. En 2023, el país captó 28.215 millones de euros en inversiones, destacando la contribución de Estados Unidos (28,9% del total) y Reino Unido (13,1%). Los proyectos enfocados en aumentar la producción y el empleo crecieron un 12%, atrayendo más de 5.600 millones de euros.
¿Una medida necesaria o demasiado restrictiva?
Aunque el Gobierno defiende que la normativa es “muy equilibrada”, algunos sectores critican que pueda desalentar la llegada de capital extranjero. Otros, como Yolanda Díaz de Sumar, han pedido endurecerla aún más, especialmente en casos como una hipotética compra del Sabadell por BBVA, que podría generar lo que ella llama “riesgos sistémicos”.
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